Resolución Coordinadora de IU Asturias contra el Golpe de Estado en Venezuela
El pasado 20 de mayo de 2018 tuvieron lugar las últimas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela, el cuarto proceso electoral en el país en menos de dos años, tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 30 de julio de 2017, las elecciones regionales de 15 de octubre de 2017 y las municipales de 10 de diciembre de 2017. En todas ellas participaron más de 4000 observadores internacionales, que calificaron los comicios de limpios y sin incidentes (la propia Fundación Carter, por ejemplo).
Para las presidenciales de 2018, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), uno de los 5 poderes que existen en el país, invitó a la ONU y a la UE a enviar sus propios observadores, pero ambos organismos rechazaron acudir a verificar por sí mismos el proceso. Sin embargo, y pese a ello, afirman el carácter fraudulento del proceso y desconocen sus resultados.
Cabe recordar que esas elecciones se convocaron en mayo y no en diciembre precisamente porque el adelanto electoral formaba parte de las exigencias de la oposición y así fue recogido en los acuerdos producto del diálogo político, con mediadores internacionales, sostenido entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.
Un 67,8% de los votantes (5.823.728 electores de un total de 9.389.056) se pronunciaron a favor de la reelección de Nicolás Maduro en un proceso impecable que contó con 200 observadores internacionales, avalado por informes técnicos de 16 auditorías realizadas al sistema electrónico de voto antes, durante y después de las elecciones, y en el que, a pesar de lo que afirma la propaganda imperialista, la oposición sí se presentó: sin ir más lejos, el que fuera jefe de campaña de Henrique Capriles, Henry Falcón, entre otros.
Se disputaron la presidencia cuatro candidatos de varios partidos políticos, a pesar de que finalmente un sector de la oposición (3 partidos) decidió no participar, tras la orden de la Casa Blanca, Colombia mediante, de romper las negociaciones de Santo Domingo cuando estaba a punto de rubricarse el acuerdo. Washington tomaba las riendas de la oposición y dictaminaba que el camino a seguir sería el no reconocimiento de las elecciones y, por tanto, deslegitimar a Maduro como presidente de Venezuela.
A partir de ahí, varios organismos no oficiales creados como herramientas de propaganda, como el denominado Grupo de Lima, aseguran que todo fue un fraude, pero sin presentar hasta el momento una sola prueba y, lo más importante, sin denunciarlo a los organismos oficiales,tanto en Venezuela como en la ONU.
El 10 de enero, tal como establece el artículo 231 de la Constitución, Nicolás Maduro tomó posesión de su cargo mediante juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, en una ceremonia a la que asistió incluso el Vaticano. Pero la operación ya estaba en marcha.
Tras varias intentonas frustradas, incluyendo una acción protagonizada por un reducido grupo de militares, Juan Guaidó, un desconocido de la política venezolana que jamás se había presentado a unas elecciones, usado por EE.UU. como un simple peón, se autoproclama presidente en una plaza ante sus seguidores. A los 30 minutos, el gobierno de EE.UU. comunica oficialmente que le reconoce como legítimo presidente y tras el exabrupto de Trump, los gobiernos de los países satélites del continente americano salieron en tropel a ver quién llegaba primero para ser el alumno aventajado del magnate.
No es la primera vez que la Casa Blanca reconoce como presidente a un golpista. Ya ocurrió con Pedro Carmona en 2002, que apenas duró 47 horas en el gobierno y terminó preso. Pero en esta ocasión el despropósito se extiende y llega hasta la UE, incluyendo a España, en una flagrante vulneración de los más elementales principios del llamado “derecho internacional”. Así, hoy nos encontramos con un gobierno de España que parece repetir el guión de José María Aznar cuando apoyó el golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez.
Ante estos graves hechos y la situación que están generando en Venezuela, desde Izquierda Unida de Asturias:
• Condenamos el intento de imponer un gobierno títere al servicio de los EE UU en Venezuela y los recurrentes llamamientos a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se sumen a esta embestida y rechazamos el intento de golpe de Estado en Venezuela mediante la pretendida investidura de un “presidente encargado” (figura que no existe en la Constitución) en la persona del diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó.
• Rechazamos la incitación de Juan Guaidó a que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana perpetre un golpe de Estado en Venezuela que favorezca su intento de usurpación.
• Reafirmamos nuestro respaldo a la revolución bolivariana, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático conducido por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros
• Exigimos al Gobierno de España una condena rotunda del golpe de Estado en Venezuela y que ponga fin a su posición cómplice del golpismo. España no tiene ningún derecho a decirle a ningún estado lo que debe hacer. Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos, desde el máximo respeto a su soberanía y sin injerencias externas
• Apoyamos los llamamientos del presidente Maduro al diálogo e instamos al Gobierno de España a que modifique su posición y se abstenga de reconocer al autoproclamado presidente golpista y apueste por la paz y el orden constitucional, así como la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
• Mostramos nuestro más absoluto rechazo a la amenaza lanzada contra el gobierno de Venezuela por el Gobierno de España, que ha optado por sumarse al bando de Trump y Bolsonaro cediendo a las presiones de la derecha más reaccionaria, pasando de tolerar a apoyar explícitamente el intento de golpe de estado en curso.
• Deploramos las amenazas de Donald Trump de que cualquier opción, incluyendo la militar, está sobre la mesa y exigimos al Gobierno de España que muestre su rechazo sin paliativos. Esa situación desencadenaría un conflicto de proporciones regionales, creando un foco de inestabilidad a gran escala en la región sudamericana y el Caribe.
El Presidente Maduro ha sido elegido para un nuevo mandato con más porcentaje de apoyo popular que los actuales presidentes de EE.UU., Chile, Argentina o Colombia, por citar ejemplos de países que han reconocido al autoproclamado presidente golpista.
Estos actos constituyen un nuevo y desesperado intento por aplicar una fracasada política de cambio de sistema, que ha sido frustrado una y otra vez por la inquebrantable resistencia del pueblo venezolano y su voluntad de defender la soberanía nacional y su integridad territorial.
La historia juzgará a quienes alientan y reconocen la usurpación golpista.